Ante el sistema de estafas K, desarmar la impotencia

Hoy como ayer, la impotencia política aterriza en los equívocos del lenguaje para desarmar a una ciudadanía que necesita ponerle frenos al poder.

Un prestigioso y querido educador, consultor de la UNESCO, suele decir desde su cátedra que cuando un concepto designa fenómenos tan radicalmente distintos quedan puestos en cuestión su sentido y eficacia.

Algo de esto sucede con la idea genérica de “escrache” que en nuestra historia reciente significó dos fenómenos completamente diferentes.

En la época en que hubo un vigoroso movimiento de derechos humanos y sus principales organizaciones no se habían desnaturalizado, prostituyéndose como propagandistas orgánicos de estado, el escrache refería a un fenómeno con dos rasgos claramente definidos.

“Si no hay justicia hay escrache” significaba, socialmente, una práctica destinada a señalar a responsables de delitos de lesa humanidad, cuyo carácter era (1) pacífico (esencia del movimiento de derechos humanos antes de su desnaturalización) y cuya razón era (2) la denegación de justicia para las víctimas; esto es, situaciones de impunidad.

En contraste, los escraches fascistizantes y hasta fascistas (con un aire de familia innegable a prácticas de los momentos más oscuros de la humanidad) son siempre, directa o indirectamente, prácticas articuladas desde el poder de estado o protegidas por el mismo.

Una de las marcas de identidad más fuerte del kirchnerismo es caracterizar y vender como “sociedad civil” a verdaderas organizaciones paraestatales dirigidas y financiadas por el gobierno.

Estas orgas todo terreno, entre sus múltiples tareas, se han integrado a un sistema de agresiones a todo tipo de ciudadanos, de periodistas, de minorías, de opositores políticos; es decir, a la sociedad civil real, que otrora recurría - y aún a veces recurre - al repudio ante situaciones de impunidad a través de aquellos viejos y pacíficos “escraches”.

Una sociedad de paz, democrática y republicana no se construye con violencia, pero tampoco con una ciudadanía desarmada y condenada a la impotencia, ante el autoritarismo estatal de un gobierno que pretende acostumbrarnos a asistir pasivamente a su quiebre de todos los límites.

Ciertos impasses en algunas coyunturas históricas, guiados por una confusión y un miedo, en el que el decisionismo de los peores valores avanza, me recuerdan una serie de prejuicios de hace veinte años atrás, acerca de las reservas democráticas y morales de quienes resultaron los dirigentes más consecuentes e irreprochables del PT en nuestra hermana República del Brasil.

Eran tiempos en los que una justa revalorización de la democracia como modelo político, el rechazo a los militarismos y los modelos autoritarios, por derecha o izquierda estaban refrescantemente al tope de algunas agendas, que muchos borraron con el codo junto a libros enteros.

Pero, simultáneamente, un gigantesco sistema de prejuicios insistía en aislar a quienes eran considerados “radicales” y terminaron resultando una garantía de consecuencia para la sociedad y el sistema político.

Recuerdo las aprehensiones bien intencionadas de Castañeda ante las minorías radicales del PT que siempre gozaron de representación en la dirección del partido en momentos en que, peor aún, su compañero de encuentros Chacho Álvarez, con un desdén justicialista porteño no exento de macarthismo, relataba en reuniones privadas que del entonces minoritario PT (se refería a todo el PT) ”nos separan sus bibliotecas”.

La historia nos devolvió que fueron dos de esas expresiones “radicales” quienes resultaron los testimonios prácticos del éxito en la consecuencia, más profundos de la reciente historia del Brasil.

El primer ejemplo es el que nos brindara el grupo Democracia Socialista desde la gestión de Porto Alegre, conocida por popularizar mundialmente el famoso presupuesto participativo.

Lo menos conocido es que Porto Alegre también había resultado por ese entonces, según nos testimoniara Pont, una de las mayores Mecas de inversiones empresarias del país.

¿Qué milagro había unido a estos trotskistas mandelistas con semejante atractivo del Capital? La respuesta es sencilla: coima cero.

Algo similar, sabemos, une a la “radical” Dilma Rousseff (devenida en presidenta de la república) con un arco de expectativas que atraviesa a casi todo el arco ideológico.

Sea cual fuere la suerte y balance final de su gestión, la implacable lucha contra la corrupción que ha emprendido es hoy un ejemplo observado desde todo el continente.

Afortunadamente, las alas más duras y menos posibilistas del PT esperaron su momento, pero no fueron “ninguneadas” ni por la sociedad ni por el sistema político.

También ellos supieron combinar su radicalidad con la conciencia de que estamos condenados a esa casa civilizatoria común que es el vínculo con el otro político.

Entre las múltiples etapas de la historia del PT, la lucha contra el corrupto Collor de Melo fue de todo, menos timorata.

Entre nosotros, la causa por el enriquecimiento de nuestra presidenta fue archivada sin investigación alguna.

No va a ser, por tanto, un grito más o un grito menos a los funcionarios de una gestión soberbia y cargada de responsabilidades criminales los que van a equiparar las manifestaciones ciudadanas a un sistema de prácticas corruptas y autoritarias del que las víctimas de la comunidad Toba o los muertos de la masacre de Once son sólo algunos de los emergentes.

Sólo una ciudadanía radical, pacífica y activa va a ayudar a lo mejor de la política a construir esa casa civilizatoria común que nos merecemos y, por cierto, no tenemos.