A no confundirse. La tardía obligatoriedad de la sala de tres es una conquista de las luchas contra el kirchnerismo del 2006.

Casi 20 años después y luego de un larguísimo proceso de disimulo, cooptación y asimilación de una parte de sus agentes del sistema escolar, el gobierno K de la provincia de Buenos Aires pareciera querer desandar uno de los proyectos más aberrantes y de los peores ninguneos del Nivel Inicial desde los tiempos de Leopoldo Lugones, que lo consideraba un nivel de elite, como lo fue la llamada “ley Segarra”.

El experimento intentaba ser llevado a cabo por la doctora Puiggrós, con el asesoramiento de Mary Sánchez y Osvaldo López Rey y básicamente intentaba desarrollar, blanqueando y promoviendo desde la propia gestión, un circuito informal de “madres cuidadoras” mientras el nivel se diluía y se deslizaba desde su especificidad educativa hacia una “coordinación” con Desarrollo Social y una dirección de movimientos sociales.

Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, se defendía de un fuerte movimiento de maestras jardineras, directoras, especialistas, estudiantes y expertas del nivel: “Yo creía que hacía un bien”, “Tenía un proyecto similar para secundarias pero el Robi (por Roberto Baradel) me dijo que empezara por Inicial porque con el otro se iba a armar mucho quilombo”.

Más de una dirigente del Suteba de entonces (parejas de los creadores del negocio), ante la reacción producida se plegaron (al menos de palabra) al rechazo autoconvocado del proyecto.

El impacto del movimiento en defensa del Nivel Inicial tuvo múltiples dimensiones y no alcanzaría un solo artículo para listarlos. A causa de la crisis, en un breve período, tres directoras de rama, por ejemplo, se sucedieron por aquellos días en la dirección de un nivel que desde el kirchnerismo intentaban debilitar a manos de organizaciones sociales amigas.

Sin embargo la ley Segarra no fue el único experimento de dilución del nivel con maridajes vinculados al área de Desarrollo Social en contraste con su probado, imprescindible e internacionalmente medido lugar estratégico como primer peldaño de desarrollo personal y de biografía escolar.

Hubo y aún hay visiones distintas desde una pluralidad de actores políticos con menor o mayor buena fe y legitimidad.

Hubo y aún hay por parte de algunos lobbys, aprovechamientos del prestigio de ciertos think-tanks con algunas áreas altamente desarrolladas, para colar en áreas de consistencia débil posiciones respecto a la educación o el “cuidado” de los más pequeños.

Pero la derrotada ley Segarra fue vanguardia de lo aberrante, en su intento de debilitar o incluso reemplazar fracciones enteras del sistema escolar dentro de la rama Inicial, en virtud de una fantasía militante, rechazada también por los sectores más pobres a través de millares de firmas contra la cristalización de circuitos educativos de primera y de segunda, que era el resultado obvio de la manipulación que intentaban diseñar.

Con posterioridad, algunos de los responsables del diseño toman nota del rechazo  y se dedican a “corregir” parcialmente la línea.

La propia doctora justicialista Puiggrós vuelve sobre sus pasos y establece en el año 2015 a través de la ley nacional 27064 que en algún momento no claramente determinado la educación inicial sólo va a poder dictarse a través de tres modalidades: jardines maternales, jardines de infantes o escuelas infantiles.

Un primer triunfo de quienes pelearon contra su propio experimento del 2006.

Recordemos que el Nivel Inicial actual está fundamentalmente conformado por los ciclos de jardín maternal (45 días a dos años) y jardín de infantes (3 a 5 años).

Ambos ciclos requieren de docentes profesionales altamente formados.

Sin embargo, en las calurosas jornadas del intento de imponer la ley Segarra, la doctora Puiggrós utilizó despectivamente el mote de “profesionalistas” para referirse al movimiento autoconvocado en defensa del nivel. El desopilante “insulto” fue rápidamente asumido con orgullo por las jardineras en una apropiación de la “atribución de identidad” descripta en tantos escritos por Hunt, Benford y Snow.

En esas jornadas, no se les pedía a las inventoras del experimento aberrante que estén a la altura de las avanzadas kindergarterinas que en el siglo XIX acompañaron a Sarmiento. Pero se les explicaba que estaban por detrás de la ley provincial Simini de su propio “palo”, de 1946, que establecía la obligatoriedad de las salas de tres, cuatro y cinco años.

Por supuesto que el valiosísimo antecedente duró menos que un suspiro y la normativa del pobre Simini ni siquiera llegó al final del primer mandato del General Perón. Nadie canta “nuevas canciones” si es tropa del peculiar oficial de G.O.U.

Por estos días, como es costumbre en el peronismo, desempolvan como si la historia comenzara  siempre de cero y con ellos, la publicidad de una necesaria obligatoriedad de la sala de tres.

Es más que obvio que la iniciativa es correcta, pero no alcanza, en el marco del desastre educativo generado por sus  propios impulsores en la provincia de Buenos Aires.

Si esta iniciativa hoy forma parte de la agenda, es por la larga pelea de las “profesionalistas” que esquivan los flirteos de los langas de la literatura erótica, que posan de vanguardistas pero se abrazan a los Espinozas que inundan el conurbano de basurales, corrupción, abuso y miseria.