De 1985 a 2022

Ayer fui al cine, luego de varios años, para ver Argentina, 1985, la película que narra el único juicio en el mundo de su tipo en el que nuestra justicia civil condena, a menos de dos años de recuperada la democracia, los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.

Ayer mismo nos enterábamos de las votaciones vergonzosas de Argentina en Naciones Unidas contra la misión que observa la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela y de su abstención en el repudio a la invasión criminal de Rusia a Ucrania.

Sólo deseo hacer mención, respecto a la película, de tres aspectos -entre tantos susceptibles de análisis- que me impactaron personalmente y que, creo, tienen una fuerte significación colectiva.

El primero es el pasaje en el que el fiscal Strassera y su esposa tratan de desentrañar el significado de la breve reunión del primero con el ex presidente en ejercicio Raúl Alfonsín con anterioridad a su acusación en el juicio y su aparente ausencia de indicaciones. “Es eso” comenta ella: “Independencia de poderes”.

Un segundo aspecto, no mencionado en la película, son algunos de los quiénes integraban ese equipo de jóvenes comprometidos y entusiastas que recogían testimonios y acumulaban pruebas en la CONADEP y a lo largo y ancho del país de los crímenes cometidos, y de sus trayectorias posteriores.

Uno piensa, por ejemplo, en Marcela Rodríguez, posteriormente diputada nacional del equipo de Elisa Carrió o en Roberto Gargarella, el brillante constitucionalista recientemente citado por el fiscal Luciani en su acusación a Cristina Kirchner en el juicio por corrupción en la causa Vialidad.

El tercer aspecto es la inevitable emoción. Emoción al escuchar la acusación de Julio César Strassera aun cuando algunos lo hayamos hecho muchas veces. Y en mi caso, una emoción especial al escuchar los terribles testimonios de Adriana Calvo de Laborde.

Imposible contener alguna lágrima cuando me tocó tratar con Adriana en varias ocasiones, durante los años en que, como miles de ciudadanos de a pie, trabajamos para completar el camino iniciado contra la impunidad pero, paradójicamente, no me había tocado escuchar de su boca estas cosas.

La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, finalmente asumida por la casi unanimidad del Congreso de la Nación, fue obra de Patricia Walsh, de Elisa Carrió (miembro informante con una intervención histórica sobre el proyecto) y de unos 18 diputados que pugnaron en soledad durante muchos años por este resultado.

Cuando Adriana Calvo de Laborde fallece en 2010, siento en lo personal que se va la última oportunidad de evitar el fin de un ciclo de los viejos organismos de derechos humanos y su transformación en algo completamente ajeno a su origen y en algunos casos, a su desnaturalización y prostitución lisa y llana.

Hoy, un séquito que acompaña a un gobierno nacional que consiente los graves crímenes contra la humanidad en Venezuela y Nicaragua, la invasión rusa a Ucrania o esconde los padecimientos de las mujeres en Irán carece de relación con dicho legado.

Sin embargo, la llama por la vigencia plena de los derechos humanos no se apaga y la lucha de nuevos jóvenes y viejos removerá las nuevas complicidades y los nuevos obstáculos.