Entre el riesgo de la estanflación y la modernización de las leyes con marca Bullrich

Milei argumenta que el ahorro provocado por el precio de importados se vuelca en otros consumos y activa la producción de otros bienes.

Toda esa sofisticación contra intuitiva empalma con la fase “ética” iniciada en el último Davos y que emprende contra una protección económica que estaría regada con coimas al sistema político por parte de ciertos capitanes de la industria.

No podemos negar la voluntad política de la que es portador un relato que aún no sabemos si es para morir con las botas puestas o para sostener la supervivencia de un tiempo de transición.

Por la respuesta enfurecida en el inicio de sesiones 2026, con insultos propios como reacción a los insultos K, nadie va a rasgarse seriamente las vestiduras. Porque ataca a lo más abyecto, impresentable, inconsistente y corrupto del sistema político argentino, bajo la novedad histórica de que la sociedad los está reduciendo a una minoría cada vez más chica, fundamentalmente si lo vemos en términos nacionales.

Con respecto a la dimensión más política de este “modelo”, el gran mérito de Patricia Bullrich fue conseguir el apoyo a varias leyes modernizadoras (entre ellas la de reforma laboral y la que crea un régimen penal juvenil) a partir de una extensa y esforzada negociación con la UCR y el PRO.

Cualquiera que tenga nociones básicas de teoría política sabe que esas normas así conseguidas, con esas llamadas “concesiones” son siempre más fuertes y no más débiles. También la ayuda de  Santilli en su diálogo con gobernadores fue importante.

Las dos leyes anteriormente aludidas no sólo tienen dimensiones progresivas sino hasta progresistas, como sucede con toda normativa modernizadora postergada durante décadas.

En el caso de la reforma laboral concebida, en buena medida, para que las pymes dejen de estar blindadas en su capacidad de contratar a alguien que no sean los propios familiares de sus dueños, cuenta con la expectativa de millones de trabajadores que anhelan, algún día, dejar de trabajar en negro.

La validez del convenio cuya representación de mayor peso sea la más cercana a los trabajadores debería ser valorada por quienes hace varias décadas criticaban a la llamada  “burocracia sindical”, reforzada posteriormente por el pacto militar-sindical.

Sin embargo, el seguidismo a lo peor del peronismo hizo olvidar que el SITRAC y el SITRAM, desde donde nació el Cordobazo, eran sindicatos de empresa. Por supuesto, este movimiento finalmente termina con la dictadura de Onganía cuya asunción, tras el golpe de estado a Arturo Umberto Illia, contaba con la plana mayor de la burocracia sindical peronista.

Esto quizás atemoriza a algún sector del empresariado a quienes Patricia Bullrich les da un ejemplo práctico de que cuando los trabajadores tienen la posibilidad de elegir lo hacen por los sectores más razonables. Algunos diríamos por el mal menor.

De tal modo, desde quienes defienden esta ley ya promulgada, le dicen a los empresarios que no teman a la representatividad real, que no teman a los trabajadores, que no teman a la libertad.

El artículo más polémico, diseñado contra los certificados médicos truchos generadores de licencias eternas, estaba redactado en un modo en el que sí había derechos elementales adquiridos vulnerados y en las negociaciones con la UCR y el PRO fue lisa y llanamente eliminado.

En el caso de la ley penal juvenil, una norma de la dictadura generaba el vacío necesario para que el crimen cometido por adolescentes sea, en muchas ocasiones, la coartada de impunidad de bandas adultas que utilizan menores.

Paradójicamente, el status quo defendido por muchos “progresistas” deriva en el depósito en instituciones de menores sin derecho a defensa o en la “devolución” a familias, en muchos casos responsables de delitos o abandono.

Esta realidad lacerante hizo que desde hace 25 años los proyectos de ley penal juvenil presentados pero nunca votados abarcaran a un arco de todas las ideologías.

Una vez más, la negociación con la UCR y el PRO hace que baje la edad de imputabilidad pero que no se pueda hacerlo con chicos de menos de 14 años, además de obligar a la fiscalía a hacer en éstos últimos casos un seguimiento, ordenar tratamientos, y generar, en definitiva, una mayor racionalidad en donde no había nada.

Si alguna vez esta sociedad hiciera el esfuerzo de intentar objetivar un poco el análisis político debería otorgarle a Bullrich algún punto en la modernización de las leyes (la arrasadora votación de aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, con la única oposición de tres senadores vasallos de  Cristina, es otro ejemplo).

También, del rol de apoyo a esta modernización por parte de la UCR y el PRO.

Falta aún, una mayor densidad política, tanto de oficialistas como de opositores, ante el cuadro de incertidumbre económica y social que aún nos aqueja, sumado a los riesgos económicos, sociales, políticos, institucionales, educativos, de seguridad y de salud de quienes vivimos en el conurbano bonaerense.

Una espera activa, atenta y paciente nos convoca.