Nos quieren llevar al salto de pobreza estructural más grave desde el justicialismo de Menem

En ocasión del inicio de las sesiones ordinarias 2021 del Congreso, Alberto Fernández acaba de pronunciar un discurso cristinista olvidable, cargado de mentiras en materia económica, sanitaria y educativa, entre muchas otras; amenazas de reformas inconstitucionales en busca de impunidad judicial para su socia; y una disociación completa con la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos.

El llamado Frente de Todos no es otra cosa que el frente de los privilegios, como se evidenció con la administración de la vacuna para el COVID y como se expresa, desde hace décadas, la más reaccionaria de las formas de la elite, que es la que miente en nombre de los pobres y el pueblo.

Hace muy poco moría el ex presidente Carlos Menem sin pena ni gloria, con excepción, por supuesto, del dolor de sus familiares y el respeto de quienes trabajaron con él.

La razón por la cual muchos enfatizan que “no había grieta” en su tiempo es simple y sencilla. Luego de “solo” diez años de lucha, una mayoría popular absoluta sepultó definitivamente su proyecto político, algo que aún no sucedió con los saqueadores K.

Sin ánimo de establecer una polémica que resultaría en algún aspecto vieja, quienes hablan de una adaptación del fallecido dirigente a las condiciones de la época, parecen asimilarlo a un Ludolfo Paramio, el intelectual del PSOE que inteligentemente hablaba por aquel entonces de la necesidad de “aggiornamiento” a una “ola” de transformaciones impuestas por las fracciones más dinámicas del capital de aquellos años, a los efectos de “cuidar” lo más posible a millones de seres humanos.

Muy por el contrario, el justicialismo de Menem representó la cara más agresiva (por encima de Reagan y Thatcher) de un neoliberalismo que dejó el tendal de víctimas que modificó regresivamente y hasta nuestros días, parte de nuestra estructura demográfica, desde los tiempos de los veinte puntos de desocupación abierta, sin contar a subocupados, y a los problemas laborales y sociales anexos.

La aventura que hoy vivimos, con una batería de inconsistencias dedicadas a forzar el mantenimiento en las próximas elecciones del apoyo al gobierno de los sectores más cautivos y menos exigentes de su clientela electoral, amenaza con desembocar en un nuevo salto de pobreza estructural similar al legado por los famosos noventa. Se trataría del efecto directo de un intento de apropiación del estado irresuelto, de una épica que necesita la impunidad de una banda tramposa y entrampada.

Es muy cierto que el gobierno de Cambiemos no logró revertir esa pobreza estructural legada por el justicialismo de Menem primero y conservada por los tres mandatos kirchneristas anteriores al actual, después.

Pero el intento de establecer un desarrollismo liberal honesto por parte de una coalición entre el PRO, la Coalición Cívica (emergentes de la crisis del 2001) y la UCR durante el período 2015-2019 está, en sus propósitos, en las antípodas del “neoliberalismo” sepultado veinte años atrás.

El neoconservadurismo justicialista de Menem, que llegó a contar hasta sus últimos días con el apoyo de la CGT, único “movimiento obrero” del mundo que bancó experimentos de este tipo, inició un ciclo de corrupción y desestructuración del estado que el patrimonialismo K no hizo más que profundizar.

Estos recuerdos pueden parecer ociosos pero no lo son para el nivel de pereza intelectual que, a veces, atraviesa a propios y ajenos por malas o buenas razones.

La sociología dejó de ser ese serio “deporte de combate” del que hablaba Bourdieu y no faltaron revistas “académicas” que dedicaban números enteros al “neoliberalismo” en pleno 2019, es decir, veinte años después de finalizado el neoliberalismo real.

Sólo oficiaban de vulgares anexos propagandísticos de cualquier mamarracho “nacional y popular” en curso, unido para disputar poder, hundir toda reflexión plural, y garantizar la impunidad de quienes sí pueden llevarnos, tal como se ha dicho, a otro salto de pobreza estructural, con unas políticas que se pretenden radicalmente contrarias de aquellas de los años 90 de las que, además, formaron parte.

La disociación entre las palabras y las cosas, la pretensión de romper el sistema de justicia, la desaparición de la inversión productiva y el quiebre o huida de comercios y empresas a pesar de que transitamos sólo el segundo año de gestión, no se han detenido.

El relato “productivista” y las insostenibles mentiras sobre la deuda que vamos a escuchar durante los próximos meses, esconden la amenaza de una pobreza permanente y acrecentada de mayorías a la que es necesario comenzar a ponerle un freno urgente en las elecciones legislativas de este año.

Freno que no va a venir, por supuesto, de ningún sector interno del frente gobernante, ni de sus aliados más o menos tarifados. Es necesario que continúe habiendo un país.