Un justicialismo hambreador al servicio de una reina del delito

“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, concluyó el amenazado fiscal Luciani en el histórico alegato en el que pide una condena de doce años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad.

Un dato no menor es que Luciani pide el decomiso del dinero robado al pueblo argentino, en el marco de esta causa específica, por un monto cercano al millón de dólares. No olvidemos, a modo de ejemplo, que Lázaro Báez, testaferro de los Kirchner, compró tierras por una superficie equivalente a veinte veces la Capital Federal.

Esta recuperación de lo robado es un claro anhelo de la mayoría de la sociedad argentina que sufre la inflación más alta de la región (y una de las más altas del mundo) a la vez que el supuesto gobierno “nacional y popular” de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández derrumbó sus ingresos medidos en dólares colocándolos en el nivel más bajo en décadas.

Se trata de uno de los momentos de mayor sufrimiento social –de acuerdo a algunas variables peor aún que el 2001- y con un ajustazo en ciernes monitoreado pero no firmado por Cristina Fernández y Axel Kicillof.

Esta apoteosis de la esquizofrenia peronista manipula el atraso social e intenta decir que ellos, los que dirigen detrás de bambalinas, “no son”.

Pero más increíble aún es ver a un peronismo cerrando filas (bloque de diputados, 500 intendentes, gobernadores, las degradadas CGT y CTA, autoridades del PJ para todos los gustos de Ushuaia a La Quiaca) en contra del sistema de justicia y de las tres toneladas de pruebas minuciosa y pacientemente acreditadas que demuestran la culpabilidad de su jefa, cuya condena efectiva deberá ser sancionada por los jueces de primera, segunda y tercera instancia...

El actual es un justicialismo aún peor que el de Herminio Iglesias incendiando un cajón en 1983 en las vísperas de su derrota. Derrota que facilitaría el histórico juicio a las juntas militares y el inicio de nuestro actual ciclo democrático.

Todavía en caída mayor resultan algunos personajes menores como la disminuida Bregman, que se suma al coro de defensa de la corrupta Cristina, traicionando a los trabajadores que decía defender de burocracias como las de la CGT y el peronismo.

La excusa es que el pedido de condena del fiscal es de la “justicia burguesa”, lo que la lleva a tomar partido por el millonario bloque del delito; el de los punteros que tradicionalmente “contienen" a las clases populares.

Algo que con una gran agudeza desmiente un referente honesto de La Matanza, que dice que estos punteros hace años abandonaron a la gente, rompiendo un mito extendido en algunos ámbitos académicos y fogoneado por malos consultores del panperonismo que hacen negocios a ambos lados de la grieta. Una grieta que, en rigor, fue, es y será una grieta moral.

Dentro del ajustazo en áreas sensibles autorizado por la reina del delito y del que seguramente va a intentar desmarcarse frente a sus “movilizados” seguidores hay un recorte de 50.000 millones de pesos en las partidas de educación, de los cuales 15.000 millones corresponde a eliminaciones presupuestarias para jardines de infantes.

No es de extrañar, dado el antecedente del Movimiento Evita del 2006, en el intento de reemplazo de jardines de infantes a través de la nefasta “ley Segarra” en la provincia de Buenos Aires.

Carece de sentido elucidar si el “alegato" defensivo de Cristina desde su despacho, paralelo al sistema de justicia, y las afirmaciones de Alberto Fernández negando el acreditado asesinato de Nisman y mandando un mensaje mafioso a fiscales y jueces obedecen o no a algún cuadro psiquiátrico agudizado por la crisis y por el avance del juzgamiento del sistema de corrupción más extendido desde el retorno de la democracia...

Pero han colocado al país en un gravísimo cuadro de ataque por parte del propio poder de estado a las instituciones de la democracia y al sistema de justicia, al tiempo que colocaron en rojo las reservas del Banco Central y las condiciones de vida de la población.

El brillante constitucionalista Roberto Gargarella fue quien más claramente colocó al juicio contra la corrupción como un punto de inflexión en una crisis terminal, equiparable al juicio a las juntas y lugar para conjurar el atentado al orden democrático implicado en el grave delito doloso contra el estado, tan claramente definido en el capítulo de nuevos derechos y garantías de la Constitución Nacional en su artículo 36.

¿Roberto Gargarella será “de derecha” compañeros?

Hasta el día en que terminen su mandato vamos a tener que tolerar todo tipo de provocaciones generadas tanto por la apología de los delitos de su multimillonaria jefa, como por los efectos de la miseria construida por el desastre económico que no dejan de generar y del que todos somos víctimas.

Sólo hay que defender la vida de jueces y fiscales y estar atentos a que no quieran traspasar el orden democrático ni el sistema de justicia, a través del forzamiento de cambios en el sistema electoral o el impulso de indultos para la impunidad.

Porque en ese entonces, una minoría autoritaria y violenta que aún no descubrió que ya no es querida, descubrirá a una mayoría movilizada y pacífica de millones de argentinos que utilizará sustantivamente la palabra Basta y dirá Nunca Más.